lunes, 9 de marzo de 2009

Tratado de libre comercio en Guatemala

Es un tratado que busca la creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes. Hace permanente los beneficios para el 80% de productos centroamericanos que brinda la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), abarcando un volumen comercial de treinta mil millones de dólares.1 Está compuesto por veintidós capítulos, divididos cada uno en artículos.La negociación, firma y ratificación del tratado se realizó en condiciones diferenciadas, amoldándose a las características y contexto político y social de cada Estado parte; el proceso se inició en 2003 para todos los países a excepción de República Dominicana, concretándose la adopción del texto para todos los países involucrados, en 2004 y entrando en vigor en distintas fechas para cada país a partir de 2006. Por otro lado, considerando que la rama fundamental del tratado consiste en las disposiciones concernientes al trato comercial, es relevante abordar elementos como el arancelario, movimiento aduanero, origen de los productos y las reglas internas para el tráfico de mercancías. Como complemento, el CAFTA se ocupa de legislar los aspectos relativos a producción higiénica y protección al medio ambiente, respeto a los derechos de propiedad intelectual e inversión pública y privada, así como toda la legislación laboral en los Estados de la zona CAFTA. También especifica los mecanismos para dirimir controversias y para el establecimiento de normativas de mutuo acuerdo.Pese al beneplácito de los Estados firmantes, el CAFTA ha recibido múltiples críticas de carácter político y económico, abriendo un amplio debate acerca del balance entre beneficios y desventajas que aporta la aplicación del tratado.Una empresa ferroviaria estadounidense planteó la primera demanda contra Guatemala al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, por lo que está solicitando un arbitraje internacional, según informó el martes la prensa guatemalteca.La compañía Ferrovías de Guatemala, subsidiaria de la Railroad Development Corporation (RDC), que en 1997 obtuvo la concesión para operar un ferrocarril en Guatemala por 50 años, espera obtener una indemnización por 65 millones de dólares de parte del gobierno guatemalteco, dijo su presidente Henry Posner III.La transnacional contrató como asesora legal en este litigio a la ex jefa de negociaciones del TLC por parte de Estados Unidos, Regina Vargo, dijo eldiario "El Periódico" de Guatemala.La compañía nunca puso a operar el ferrocarril, por lo que el gobierno del presidente Oscar Berger dio por concluido el contrato con RDC en agosto de 2006.Posner aseguró en conferencia de prensa que la demanda procede porque el TLC había entrado en vigencia desde el 1 de julio del 2006, y por lo tanto protege los intereses de su empresa.RDC argumenta que el Estado guatemalteco incumplió con la obligación de garantizar el derecho de vía al no desalojar a los invasores que se habían ubicado a lo largo de la línea del ferrocarril, y que tampoco cumplió con ciertas obligaciones financieras establecidas en el contrato.De acuerdo con las cláusulas del TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, una empresa norteamericana puede reclamar un arbitraje internacional para dirimir un conflicto de intereses con un Estado signatario, sin necesidad de agotar las instancias judiciales internas.Guatemala se convierte así en el primer país centroamericano en ser demandado por una transnacional al amparo del TLC, que entró en vigencia en la mayoría de los Estados firmantes, con la excepción de Costa Rica donde el acuerdo se encuentra en trámite legislativo y enfrenta una activa resistencia de parte del PAC y otros partidos de oposición y los movimientos sociales."En el caso de Guatemala estamos ante un claro ejemplo de los excesivos privilegios que el TLC concede a las transnacionales y a la inversión extranjera, y de las demandas exorbitantes a que se pueden ver sometidos los países como en este caso, en donde la empresa sólo ha invertido 15 millones de dólares en diez años, pero cobra 65 millones (equivalentes a 8.000 bonos de vivienda.en Costa Rica) como indemnización por pérdidas de posibles ganancias futuras, tras firmar un acuerdo absolutamente desigual con Estados Unidos," manifestó Ronald Solís. El legislador fue uno de los diputados firmantes del dictamen negativo del TLC que el PAC entregó en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa.

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